Guatemala amanece hoy con la vigencia de una ley, contenida en el Decreto 15-2020, gravísima para el país, economía, industria y certeza jurídica, violatoria a la Constitución.
Esta ley autoriza la posibilidad de no pagar ciertos servicios básicos (agua, cable, telefonía, luz [sic] (es decir, energía eléctrica) e internet) por los usuarios, e impone la obligación a las empresas públicas y privadas suministradoras, de no suspender en ningún caso su prestación. Además, las obliga a financiar sin recargo, costo, multa, mora, intereses, cargo o penalización alguna, durante un plazo de hasta 12 meses, el consumo de cualquiera de esos servicios.
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